Una contadora, que tenía a su cargo las auditorías internas en la Universidad Nacional de Tucumán fue contundente ayer al advertir que había riesgos graves de irregularidades en el marco de los informes acerca del uso de los fondos de la minería provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), causa por la cual están siendo juzgados quien fuera rector de la Casa de Altos Estudios, Juan Alberto Cerisola, y tres de sus ex funcionarios.

Andrea Silvia González fue llamada a declarar como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal, encabezado por los jueces subrogantes Ana Carola Farías (quien estuvo en forma presencial), Jorge Alejandro Basbús, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez.

El ex rector de la UNT está acusado por administración fraudulenta de regalías mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009. También son enjuiciados sus ex funcionarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. A Cerisola la Justicia lo acusó de administración fraudulenta contra la administración pública (incumplimiento de deberes de funcionario público), respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la ley nacional de obras públicas.

González explicó que trabajó en auditorías internas desde 2003 a 2022, y que ellos a su vez debían rendir cuentas a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Justamente en 2010 el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

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Cuando declaró Cerisola definió la investigación como un “disparate jurídico” y consideró que la acusación es “infantil”.

Inconsistencias

Ayer, a preguntas del fiscal Pablo Camuña, González afirmó que descubrieron irregularidades en los informes como por ejemplo que había dinero destinado a una obra (por ejemplo para la Ciudad Universitaria), pero que se utilizaba para otros rubros. “Había serias inconsistencias; vimos proveedores con problemas, que no podrían haber sido contratados, empresas que no estaban en condiciones de prestar servicios, gastos sin rendición”, explicó. González aseguró que “había riesgos graves de irregularidades”, y repitió que “se usaban dineros para otros rubros que no estaban incluidos al comienzo”. “Había una evidente falta de control interno, falta de transparencia”, remarcó. En el informe de la auditoría interna González y el resto de los auditores realizaron 70 observaciones, y en 17 de ellas afirmaron que las irregularidades eran “graves”. Incluso hizo referencia a que se descubrió faltantes de dinero, en base a las auditorías que se realizaban, pero sobre todo de una que se realizó entre 2006 y 2009.

Antes que ella declaró Romina Filippi, consejera por los egresados, quien fue una de las que firmó en mayoría para rechazar los informes de gastos que había realizado la UNT con los fondos de YMAD. “Había gastos excesivos”, dijo la testigo.